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Se estima que los ingresos anuales por el tráfico ilícito de bienes culturales, a escala internacional, totalizan cerca de 7.8 billones de dólares. De este volumen, sólo el 5% de los bienes culturales robados ha sido restituido a sus países de origen, según un informe de la ONU de 1999. En ese panorama, el abogado y experto en legislación cultural Jorge Sánchez Cordero, dice a Excélsior que aún hay mucho por hacer para combatir el tráfico de bienes culturales, como lo explora en El derecho y la cultura, su más reciente libro.

Entre los pendientes están: la falta de una legislación para la compra y venta de arte contemporáneo que impida el tráfico de obras de arte; el monitoreo y legislación de la venta de arte precolombino desde sitios de internet; la creación de una policía especializada en la protección del patrimonio cultural y la necesidad de que México se adhiera a las convenciones internacionales como la de San Salvador y la de Restitución de bienes culturales robados o la reintegración de bienes culturales ilícitamente exportados de UNIDROIT.

En el caso del arte contemporáneo, comenta Sánchez Cordero, “se ha trabajado muy poco desde la legislación mexicana. Sin embargo, algo que siempre he sostenido es que México tiene que modificar su legislación interna para proteger a nuestros artistas, y poner reglas muy claras en el caso de las subastas mexicanas”.

El caso de México tiene un serio problema, detalla, “porque hay una ausencia de legislación que podría darle certeza al tránsito y tráfico de obras de arte contemporáneo en territorio mexicano; podríamos decir que es la parte del patrimonio menos protegido”.

Al respecto, señala, “se tendría que avanzar en la protección de los artistas contemporáneos; y aunque se tiene la voluntad de hacer del mercado mexicano un mercado de arte contemporáneo interesante y de gran importancia, aún no lo tenemos o, quizá, lo tenemos en forma clandestina... que es el peor de los casos”.

Escribe: “La proliferación de obras falsas fomentada por un mercado en expansión obliga al sistema mexicano a adoptar nuevos tipos delictivos que respondan a esas realidades. Desde fines del siglo XIX legisladores de otras latitudes han hecho esfuerzos por vigorizar sus ámbitos de legalidad para prevenir y disuadir actitudes ilícitas de esta naturaleza. México ha sido la excepción”.

¿Cuáles son los siguientes pasos que debería dar el gobierno mexicano para la protección del patrimonio cultural?, se le inquirió al también investigador. “Son muchos. Primero, desde luego, a nivel de legislación, tenemos que estar conscientes de que faltaría ratificar los convenios de San Salvador y de UNIDROIT”.

Dichos acuerdos, apunta, “son dos puntos muy importantes para fortalecer la cooperación con el sistema aduanal internacional, particularmente con Estados Unidos, que es uno de los destinos naturales de los bienes mexicanos”, donde existe un mercado negro perfectamente estructurado, como lo señala Sánchez Cordero en su libro, el cual responde a un fuerte aliciente: alto rendimiento y bajo riesgo penal.

El derecho y la cultura contiene 30 artículos elaborado por Jorge Sánchez Cordero y un estudio introductorio del jurista, investigador y académico Diego Valadés, donde escribe sobre la protección de los bienes culturales en México y su legislación, el poder subversivo del arte, cómo fue que Pompeya se convirtió en la tentación de la mafia italiana y las atrocidades culturales durante la guerra en Siria, donde el Estado Islámico utilizó el tráfico ilegal de bienes culturales como una fuente importante de aprovisionamiento financiero.

Otra de las recomendaciones que Jorge Sánchez Cordero realiza al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a organismos afines para la protección del patrimonio cultural es el monitoreo y legislación de la venta de piezas precolombinas en subastas virtuales.

Una situación muy novedosa que empieza a preocupar muchísimo son las ventas de arte precolombino a través de internet, donde incluso ya hemos detectado subastas desde distintos portales (que ofrecen este tipo de transacciones). Así que estas nuevas tecnologías nos obligan a ser más creativos en la defensa del patrimonio cultural para tratar de ganar esa batalla en un mercado totalmente novedoso que hemos descuidado”.

¿Qué otras acciones serían necesarias por parte del gobierno mexicano? “Para empezar, nos daríamos por bien servidos con el monitoreo de las ventas de arte precolombino en el mundo de internet. (En mi experiencia), les he facilitado, incluso, los sitios de internet en los que están comercializando estas piezas. Habría que obligar a esos portales que ofrecieran bienes culturales, a que se respete la legislación interna y todos los instrumentos internacionales existentes. Ésta es una situación que no se ha explorado, a pesar de que este empieza a ser un mercado enormemente dinámico”.

¿Son portales fácilmente identificables? “Son portales que, en muchas ocasiones, se utilizan lenguajes cifrados entre los middlemen, quienes controlan el flujo internacional de bienes culturales y conectan con los potenciales compradores; son portales de aparición súbita que como aparecen, también desaparecen. Así que México debe tener una reacción rápida en torno al seguimiento que se puede dar a través de internet, lo cual, no se ha hecho”.