La Comuna
Guachicol: asesino político serial
José Ángel Solorio Martínez
La mayoría de la clase política tamaulipeca está imposibilitada para cruzar hacia los Estados Unidos de América. Buena parte de ella está vinculada con el tráfico de guachicol legal o ilegal. Uno de ellos se quiso pasar de listo y fue detenido en Brownsville, Texas y fue interrogado por más de ocho horas: Alberto Granados, alcalde de Matamoros, Tamaulipas.
Se presume que le fue cancelada la visa para cruzar la frontera.
Eso encendió focos de alerta en la grande red de colaboración de servidores públicos con esa banda, que hoy se constata, es de alcances internacionales.
Millones de dólares de ese movimiento ilícito fueron inyectados a campañas políticas y la compra de candidaturas.
Hoy por hoy, los alcaldes de Madero, Altamira y unos más de la frontera chica, por su propia seguridad les ha sido girada la instrucción de tomar el asunto con cautela.
Es alerta roja: no vayan, ni a comprar ropa, a los Estados Unidos.
Si lo hacen es bajo su propio riesgo.
La información que posee la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro estadounidenses es profusa y amplia.
Esa sola estrategia de los gringos ha trastocado el escenario sociopolítico tamaulipeco.
Muchos candidatos estaban enfilados a diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías y hasta la gubernatura.
Esas prometedoras carreras reventaron como pompas de jabón.
Por seguridad de los proyectos de la presidente Claudia Sheinbaum y del Segundo Piso de la IV Transformación, esos actores –actrices– deben ser alejados de los circuitos de autoridad a nivel local y federal.
Lo mejor para toda esa enlodada urdimbre, es alejarse voluntariamente de sus aspiraciones; de lo contrario, los alcanzará la mano de la justicia. La impunidad parece estarse agotando. Son tan contundentes las pruebas que tienen las instituciones de justicia extranjeras, que no tienen para donde hacerse quienes decidieron recibir dólares a cambio de franjas de complicidad.
Ya inició el miedo en el sur.
Los jefes edilicios, Erasmo González –de Madero– y Armando Martínez Manríquez andan con la angustia en las vísceras. El primero, dijo estar preparado para colaborar con la justicia en caso de ser llamado –porque, dice, no tiene fuero–. El segundo, declinó una invitación de una ciudad texana, que requería su presencia en un evento oficial.
Es público el vínculo de esos políticos con los hermanos Carmona; quienes son investigados en Estados Unidos por comercializar hidrocarburos de procedencia sospechosa.
Existe material fotográfico suficiente para implicarlos.
Uno y otro, están en la lista de las agencias norteamericanas.
No se diga de Olga Sosa Ruiz, senadora de MORENA cuya candidatura debe enteramente a los empresarios Carmona.
Trágico: el guachicol a generado más víctimas políticas, que el COVID y la inseguridad.